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Para prosperar, Haití necesita ayuda

Para prosperar, Haití necesita ayuda

Diciembre 09, 2010

Jean Max Bellerive, el Primer Ministro de Haití, y Jorge Fernando Quiroga, presidente de Bolivia (2001-2002) y miembro del Club de Madrid, publican un artículo de opinión en el diario The Miami Herald sobre Haití, la reconstrucción institucional del país y la adhesión de este proceso, y el paradigma del desarrollo .

Lea el Op-Ed en la Web del Miami Herald (en inglés)

En el 2005, los ministros y directores de las agencias de desarrollo firmaron un documento conocido como la Declaración de París. Entre otros principios, la Declaración establece la necesidad de que los países en vías de desarrollo definan su propia agenda, a la que debe ajustarse la ayuda de la comunidad internacional. Fue un importante acontecimiento que tradujo en principios básicos la necesidad de una nueva relación de colaboración para el desarrollo, que mejore la eficacia de la ayuda, y reparta la responsabilidad sobre ambas partes: los donantes y los gobiernos receptores. La ayuda al desarrollo ha tenido, en el mejor de los casos, efectos desiguales. Incluso en los casos en los que ha tenido un impacto positivo, este ha sido poco duradero.

Sin embargo, cinco años después de esta Declaración, y diez años después de la Cumbre del Milenio de la que nacieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pocos creen que hayan cambiado sustancialmente las prácticas sobre el terreno. Las posibilidades de alcanzar, aunque sea parcialmente, los ODM parecen remotos. De hecho, es poco probable que se puedan alcanzar si no se mejora la eficacia de la ayuda, y esto no será posible sin una apropiación y un liderazgo sólidos por parte del país receptor en las acciones de ayuda al desarrollo.

La apropiación nacional exige la implicación política en las más altas esferas de los países receptores. El problema radica en que las autoridades nacionales suelen estar escasas de recursos, tanto humanos como económicos. Sin los medios necesarios, la apropiación nacional se convierte en un eslogan, por lo que la mayoría de las decisiones se siguen tomando en la capital del país donante o en la sede de los organismos regionales e internacionales. Así, por muy buenas que sean las intenciones, no sorprende que las estrategias de desarrollo se importen del extranjero y no tengan en cuenta la realidad política y socioeconómica del lugar al que se destinan. Por eso, no debe extrañar el resultado que produce todo este proceso: dichas estrategias no se consolidan en el terreno, las inversiones no alcanzan el resultado deseado, se acusa de pasividad a los países receptores, o peor aún, de corrupción, y los parlamentos occidentales acaban criticando a sus gobiernos por malgastar fondos públicos en desarrollo.

Mientras tanto, aumenta la vulnerabilidad de nuestro país, ya sea frente a amenazas externas, como las crisis de alimentos de 2008, o frente a desastres naturales. Un trágico ejemplo de esto lo vimos el 12 de enero, cuando un gran terremoto causó estragos en Haití y mató a 300.000 personas. Una tragedia sin precedentes como ésta no tenía por qué haberse producido. De hecho, fue la demostración perfecta del fracaso de la ayuda al desarrollo. Si la ayuda internacional hubiera sido coherente y se hubiera centrado en ayudar al gobierno haitiano a atender a su población, incluido el imperio de la ley, se podrían haber salvado muchas vidas.

No obstante, la situación no es desesperada. Hemos aprendido muchas lecciones, y ahora toca ponerlas en práctica.

La primera lección pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la capacidad de las instituciones en los Estados frágiles, a través de un esfuerzo concertado. Esto no significa abrumar a los ministerios débiles con un aluvión de expertos internacionales, ni tampoco enviar consultores que sólo garantizarán que los programas de quienes les pagan se implementan, al margen de las instituciones a las que se supone que ayudan. Mejorar la capacidad institucional implica necesariamente paciencia, diálogo constante y entendimiento mutuo. En Haití, los ministerios y las autoridades locales y centrales no son tan impotentes o débiles como a veces se dice. Lamentablemente, se han acostumbrado a ejercer de meros testigos de los programas de ayuda, a ser instituciones a las que ocasionalmente se consulta y que rara vez participan. Tales programas no sólo resultan ajenos a las autoridades locales, sino que acaban considerándose productos de actores externos, lo que refuerza la percepción por parte de la población de que el Estado es corrupto y no se preocupa de sus problemas. El contrato social, si es que alguna vez lo hubo, se rompe.

Por todos estos motivos, para mejorar la capacidad de las instituciones nacionales, hace falta sensibilidad política y conocer bien la situación sobre el terreno. Una cosa es ayudar a la administración a cobrar fuerza y desarrollarse para convertirse en una institución más orientada a los servicios, y otra es proporcionar a la administración de los medios necesarios para funcionar de forma eficaz. Para ello las autoridades locales y centrales deben contar con recursos económicos. En el caso de Haití, no tienen ni lo mínimo. Su presupuesto total equivale al de una universidad europea de tamaño medio. En la actualidad, apenas pueden pagar los sueldos de sus escasos funcionarios, la mayoría desmotivados porque se sienten impotentes y sin medios para ayudar a la población a la que sirven. Y como en cualquier otro lugar del mundo, el cúmulo de años de impotencia no repercute de manera positiva en su eficiencia. Pero esta tendencia se puede invertir.

Hasta la fecha, Haití ha tenido que luchar muy duro para recibir un mínimo de apoyo presupuestario. Los donantes europeos estaban dispuestos a considerar esta medida y ya llevan varios años haciéndolo, aunque las cantidades son muy limitadas; otros donantes son más reacios. El resultado ha sido que, aunque se han enviado miles de millones de dólares a Haití antes, durante y después del terremoto, los ministerios realmente sólo han podido disponer de un pequeño porcentaje.

Esto tiene que cambiar. Las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán el próximo domingo ofrecen una oportunidad única para Haití, que contará con un nuevo gobierno con varios años ante sí, para encauzar el país hacia un camino sólido de desarrollo equitativo y sostenible. Será también una buena oportunidad para iniciar una relación más constructiva entre los poderes ejecutivo y legislativo del Estado.  La comunidad internacional deberá estar preparada para ayudar, con las garantías necesarias, y para ofrecer ayuda presupuestaria a un nuevo nivel que permita al Estado haitiano transformarse en un Estado capaz de ofrecer servicios, invertir en el futuro de su población, seguir prioridades claramente definidas y disponer de los medios necesarios para ello.

Invertir en la capacidad del Estado haitiano, aumentando considerablemente el apoyo presupuestario y centrándose en una mejora sostenible de la capacidad de sus instituciones, no constituye una propuesta revolucionaria, es un requisito para transformar el país. No obstante, este requisito todavía parece ser un reto para muchos de los implicados en el desarrollo, ya que va en dirección contraria a la mayoría de las prácticas actuales de la ayuda al desarrollo, prácticas que favorecen la asignación de los fondos y prefieren financiar sus propias organizaciones no gubernamentales.

La capacidad y predisposición para el cambio, tanto por parte de las instituciones haitianas como de la comunidad internacional, decidirá si este país puede volver a sorprender al mundo y emerger de décadas de mal gobierno y pobreza continuada, para convertirse en un Estado renovado, orgulloso de su pasado y dispuesto a afrontar los retos del futuro. 

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